Una Responsabilidad Compartida
La crisis del agua es un fenómeno generalizado a nivel global. A pesar de que existen suficientes reservas de agua dulce para abastecer a la población mundial no está distribuida de manera equitativa a lo largo y ancho del planeta, por lo que es posible encontrar zonas desérticas en donde una gota de agua pura es un verdadero tesoro, como en África Oriental y la India, y a la vez paraísos abundantes del preciado recurso.
Colombia es uno de esos paraísos. Con grandes ríos como el Amazonas –el más caudaloso del mundo- el Cauca y el majestuoso Magdalena es difícil imaginar un país como este inmerso en una crisis del agua. Pero las acciones de la sociedad civil y la insuficiencia de algunas instituciones públicas para manejar los desechos producidos por los asentamientos humanos hacen que estas corrientes de vida se conviertan poco a poco en flujos de basura, muerte y contaminación.
El 2° Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos publicado por la UNESCO en 2003 advierte que la contaminación de los ríos, que se presenta con mayor frecuencia en zonas urbanas, es una responsabilidad compartida entre los gobiernos nacionales y municipales, instituciones del sector privado y los ciudadanos. El documento resalta frente al tema de las instituciones públicas que “la gestión deficiente, la corrupción, la falta de instituciones adecuadas, la inercia burocrática, el déficit de nuevas inversiones en la creación de capacidades humanas y la escasez de infraestructuras físicas”.
En Bucaramanga y su área metropolitana el tema de infraestructura e inversión es uno de los asuntos más preocupantes en cuanto a saneamiento básico de aguas residuales se trata y la educación en cultura ciudadana frente al tema ambiental, también lo es. En los cuatro municipios del área sólo existe una planta de tratamiento de aguas residuales, la de Río Frío, que presta el servicio a cerca de 550.000 personas en Bucaramanga, Girón y Floridablanca, lo que equivale a menos del 50 por ciento de la población de este sector.
El resto de habitantes del área incluyendo a todos quienes viven en Piedecuesta, vierten el agua directamente a los ríos a través de las redes de alcantarillado algunas y a través de tuberías improvisadas, quienes habitan barrios de invasión, que por no ser legalizados no reciben los servicios de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS).
Desde esta perspectiva, no es extraño ver que los niveles de contaminación en las más de 45 corrientes hídricas que recorren el área estén en aumento. El experto en Química Ambiental, Jairo Puente Brugés, dice al respecto que mientras el decreto 1594 de 1985 establece que para poder bañarse en un río el nivel máximo de cloroformes debe ser 200 por 100 mililitros de agua, en los ríos y afluentes de Bucaramanga y el área metropolitana estos elementos químicos se miden por millones. Es decir las condiciones de los ríos no son aptas para el contacto humano.
Esta situación se puede ver a mayor escala en los asentamientos humanos que se ubican en las riberas de algunos ríos, como el Suratá, el Frío y el Río de Oro. Allí los malos olores producen enfermedades de tipo respiratorio a las personas, quienes, en su mayoría, habitan estos lugares por necesidad.
Son varias las entidades encargadas de regular la calidad de las corrientes hídricas de la ciudad, entre ellas, la principal es la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Esta entidad que pertenece al gobierno departamental con sus diferentes dependencias (entre ellas la EMPAS) se encarga de vigilar y controlar los vertimientos de aguas residuales de tipo industrial y doméstico en los ríos.
A través de instrumentos como la tasa retributiva (impuesto pagado por acueductos y empresas de acuerdo el nivel de contaminación que producen en los ríos) y los controles a las industrias la CDMB pretende regular el flujo de desechos que ingresa a los ríos. Pero los mismos informes de la red de monitoreo de corrientes de esta institución muestran que los niveles de suciedad de los ríos es alto en especial después de los asentamientos humanos ubicados a lo largo de los ríos.
Por su parte el EMPAS también ejerce controles sobre las fuentes de producción de desechos de aguas domésticas e industriales y maneja todo el sistema de alcantarillado pluvial y residual de Bucaramanga, Floridablanca y Girón incluyendo la planta de tratamiento de Río Frío. No obstante toda la infraestructura que coordina esta empresa pública, y la CDMB no es suficiente para el mejoramiento de las corrientes.
En primer lugar porque la cobertura del sistema de alcantarillado sólo cobija una parte del los municipios, la legalizada, pues por ley el EMPAS no tiene jurisdicción en las zonas ilegales.
En segundo lugar, porque la única planta de tratamiento de toda el área es insuficiente para sanear los desechos de un millón 50.529 personas, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) existen en Bucaramanga y su área Metropolitana. Además es cuestionable la efectividad de esta planta de tratamiento si se tiene en cuenta que el agua que sale de sus instalaciones, huele mal y presenta visibles residuos de espuma. Esta planta emite gases metano que causan enfermedades como gripes, bronquitis y asma a la población aledaña.
En tercer lugar, porque simplemente se nota. Al recorrer la ciudad y ver las quebradas que lo atraviesan se sienten malos olores que provienen de estas fuentes, y los peces que antes abundaban en la zona ahora ya no existen.
Algunos habitantes del barrio Tamboruco -a orillas de la quebrada Mensulí- como Luis Gutiérrez Mora, cuentan que hace unos diez o quince años era posible nadar y pescar en estos ríos, pero a medida que las riberas del río fueron colonizadas y habitadas, la contaminación se fue apoderando del caudal que poco a poco se mermó.
Pero la CDMB y el EMPAS no son las únicas entidades públicas encargadas ni responsables. En Piedecuesta, estas instituciones no tienen jurisdicción desde 1994, cuando el municipio se independizó del área metropolitana, en lo que a prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se refiere, por medio de la creación de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP.
En cuanto a la calidad de las corrientes, esta empresa reconoce que durante años ha sido la principal contaminante del Río de Oro, puesto que todos los residuos domésticos de Piedecuesta son vertidos directamente –sin pasar por ningún proceso de tratamiento- en la quebrada Suratoque que kilómetros arriba desemboca en el río de Oro. Por ello la Piedecuestana de Servicios está iniciando la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario.
En toda el área se proyectan varias obras que contribuirán a la disminución y preservación de los ríos, a la planta de Piedecuesta, se le suman dos grandes proyectos del EMPAS como la adecuación de la planta de Río Frío y la construcción de una nueva que trate los residuos que llegan al Río de Oro.
Sin embargo, si no se soluciona el problema de los asentamientos no legalizados, la inversión de más de 200 millones de pesos que se hará en estas obras, tampoco será suficiente. Sucede que por ejemplo, mientras en la Planta de Tratamiento de Río Frío se purifica (si es que realmente sucede) parte del agua residual, en los asentamientos que se encuentran después de la planta, se vierten todos los desechos directamente al río, luego, lo que se gana por un lado se pierde por el otro y al final quienes pierden son los mismos de la comunidad.
Sólo en Bucaramanga hay 22 barrios ilegales. Luego es necesaria la intervención de otras instituciones como las Secretarías de Planeación y Ambiente municipales y las oficinas de agua y medio ambiente, que se han limitado a vigilar las acciones de la CDMB, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y Piedecuestana de Servicios Públicos.
En la Secretaría de Planeación Municipal, no se registra ningún proceso de reubicación o legalización de ningún barrio de Bucaramanga ni de su área metropolitana, y tampoco se registran en la oficina de Transporte e infraestructura departamental proyectos de alcantarillado para estas zonas, precisamente por su carácter ilegal.
Entonces los habitantes de estos barrios se encuentran en un túnel que parece estar lejos de la luz, porque reciben y depositan aguas sucias directamente al río, las autoridades municipales no colocan alcantarillado porque son barrios ilegales de los cuales, muchos de ellos, se encuentran en zona de alto riesgo o de reserva natural, les dicen que deben ser reubicados pero no les dicen dónde ni les brindan ninguna clase de auxilios. Por lo general así sucede.
Luego los habitantes de las riberas se limitan a seguir esperando a que el gobierno les solucione el problema. En algunos casos, ni siquiera acuden al gobierno municipal y tampoco se organizan para acudir a sus derechos de manera grupal, por medio de una acción popular. La falta de información es otro asunto que hace que estas comunidades no conozcan las herramientas necesarias para reclamar sus derechos y contribuir con la solución de la situación ambiental que ellos mismos por falta de opciones contribuyen a empeorar.
Pero no solo estas comunidades contaminan el medio ambiente. Existe otro grupo grande de personas, ensucian el agua de los ríos, aún cuando saben que no deben hacerlo. Por ejemplo quienes hacen paseos en los ríos y botan todos sus desechos, quienes lavan sus carros allí.
Tanto el AMB, como la CDMB, la EMPAS, y Piedecuestana han realizado campañas masivas de educación ambiental para evitar estas prácticas dañinas para los ecosistemas. Sin embargo, estos hábitos continúan siendo frecuentes en los municipios del área.
Es lamentable que no haya una cultura ciudadana formada en este aspecto porque los principales perjudicados, por los efectos que genera la contaminación ambiental son las mismas personas que ensucian el río.
La emisión de gases producidos por los altos niveles de contaminación en los ríos y en el aire transforman el clima y producen efectos como la deforestación, la sequía e inundación de las quebradas y ríos, las olas de calor intensos seguido de fuertes lluvias, la desaparición de ecosistemas naturales, la abundancia de plagas, las enfermedades respiratorias.
Todos esos efectos son el presente de la ciudad, no el futuro. Desde ya se están viviendo las consecuencias, no sólo de la contaminación en los ríos sino también en las zonas forestales.
La tragedia que produjo el río de Oro en el 2005 debería ser una señal de alerta tanto para las instituciones públicas y privadas como para la comunidad en general. Sin embargo, los organismos municipales siguen permitiendo que a las orillas del río se otorguen licencias de construcción y se establezcan invasiones de personas que no tienen dónde más ir y la sociedad civil sigue dormida sin exigirle resultados a las instituciones públicas y contribuyendo con la contaminación con hábitos malsanos para el ambiente.
La recuperación y preservación de los ríos no es responsabilidad del alcalde de turno, es misión esencial de toda la sociedad en general. Tanto los organismos públicos que tienen el deber trazar políticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía en general, como de las empresas privadas cuya responsabilidad social también incluye manejar una planta propia de residuos industriales, como la academia que tiene los recursos y el conocimiento para entregar grandes aportes en el ámbito de desarrollo ambiental y por supuesto de la comunidad, de la gente que con sus prácticas cotidianas pueden mejorar considerablemente su propio ambiente.
Es responsabilidad compartida que el ambiente en el que todos vivimos sea habitable y sostenible.
